La docente habló sobre su lucha por el acceso al agua limpia, la crisis ambiental y los desafíos que enfrentan las comunidades frente a las políticas extractivistas.

Araceli Sívori, docente rural y miembro de la Asociación de Maestros Rurales Argentinos, dialogó en Grassi.com (Estación Radio) acerca de su trabajo en defensa del agua limpia y de un ambiente sano. Comprometida con la campaña Plurinacional en Defensa del Agua para la Vida, Sívori destacó que “el ambiente tiene que ver con la vida, la vida de las personas, pero también de todos los seres que la habitan”.
Durante la entrevista, Araceli -quien también participó recientemente en Manaos, en un encuentro sobre derechos humanos y emergencia climática- remarcó la importancia de vincular las decisiones políticas con la cuestión ambiental.
“Cualquiera de las acciones que hagamos como organizaciones de base van a estar atravesadas por las políticas de turno. En este momento estamos viviendo una situación bastante complicada, dado que, si hablamos de crisis climática, el presidente de la Nación ha dicho que eso no existe”, señaló.
LUCHA POR EL AGUA LIMPIA
La docente recordó que la campaña en defensa del agua surgió durante la pandemia, en 2021, con una serie de conversatorios que ya superan los 30 encuentros. En ellos se abordaron temas como el uso del agua en la producción, el fracking, el litio y los agronegocios. “El agua atraviesa la vida en general. Cualquier actividad está ligada al agua, y por eso no puede ser tratada como una mercancía”, subrayó.
Sívori explicó además que la campaña impulsa un proyecto de ley nacional para declarar al agua como bien común, público y finito, y como sujeto de derecho. “Vamos a juntar las firmas necesarias -el 1,5% del padrón nacional- para que el Congreso lo trate tal cual está. Es una ley integral que también prohíbe la privatización del agua y protege a los defensores ambientales”, detalló.
“ES UN PELIGRO PARA LA SOBERANÍA HÍDRICA DEL PAÍS”
Consultada sobre los obstáculos para avanzar con estas políticas, Sívori fue tajante: “La ley de humedales tuvo 15 proyectos presentados y ninguno salió. El lobby de las corporaciones y de ciertos espacios de poder lo impidió”.
También advirtió sobre la presencia de empresas extranjeras en la gestión del recurso: “Tenemos a la empresa israelí Mekorot, denunciada en la ONU por el apartheid del agua en Palestina. Ya firmó convenios con provincias argentinas y podría participar si se privatiza parte de AYSA. Es un peligro para la soberanía hídrica del país”.
En ese sentido, la docente cuestionó el rumbo de las políticas actuales: “Estamos perdiendo posibilidades de frenar la destrucción del medio ambiente y el saqueo del agua. Con decretos y leyes como la ‘Ley Bases’, se han derogado normas que protegían a las comunidades y los ecosistemas”.
SITUACIÓN LOCAL
Respecto al panorama en Brandsen, Sívori advirtió que “no hay mucha legislación específica” y que la provincia debería fortalecer el control y la participación ciudadana. “Pedimos que la gente se informe, porque el Acuerdo de Escazú -que es ley en la Argentina- garantiza el derecho a acceder a la información ambiental y a opinar en los procesos de decisión”, expresó.
Finalmente, dejó un mensaje claro: “No se trata de ponerse en un extremo, sino de debatir el modelo productivo, pensar en otros modos de producir y entender que el agua es para los pueblos y no para las corporaciones. El agua vale más que el oro, el agua vale más que todo. Es esencial para la vida y para el buen vivir de los pueblos”.
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