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El abogado brindó una charla en la Sociedad Rural y explicó los alcances de las acciones judiciales que productores impulsan para exigir mejoras en la red de caminos.
La Sociedad Rural Coronel Brandsen llevó adelante una reunión informativa en el salón Raúl Pini con productores rurales interesados en conocer los alcances de las acciones judiciales que se vienen desarrollando en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires por el estado de los caminos rurales y el destino de los fondos recaudados a través de las tasas viales.
La exposición estuvo a cargo del abogado Jorge Eduardo Moroni, especialista en derecho contencioso administrativo y referente en las causas impulsadas por productores agropecuarios en diversos departamentos judiciales bonaerenses.
Según explicó el letrado, el objetivo de estas acciones no es dejar de pagar tasas, sino determinar si los fondos recaudados son destinados efectivamente al mantenimiento de los caminos y si los municipios cumplen con la contraprestación del servicio que justifica esos cobros. «Lo que pretendemos es que la Justicia determine dos cosas: primero, a dónde va el dinero que se recauda por la tasa vial y, segundo, si el servicio realmente se presta», señaló Moroni durante la entrevista con Grassi.com (Estación Radio).
El abogado recordó que recientemente obtuvieron fallos favorables en distintas jurisdicciones de la provincia, donde se realizaron pericias contables y de ingeniería vial ordenadas por la Justicia. «Logramos sentencias donde se determinó un desvío de fondos por parte de algunos municipios y también se comprobó que muchos caminos se encontraban en estado intransitable o no aptos para el tránsito habitual de productores, docentes, familias rurales y camiones de carga», sostuvo.
A partir de esas conclusiones, algunos jueces entendieron que los municipios no podían exigir el cobro de determinadas tasas o debían devolver importes percibidos por servicios que no habían sido prestados. «Los productores no quieren dejar de pagar. Lo que quieren es tener caminos. Si hay que pagar, se paga, pero debe existir una contraprestación real», afirmó.
CUESTIONAMIENTOS A LAS TASAS DE GUÍAS Y MARCAS
Moroni también cuestionó el cobro de las tasas vinculadas a guías, marcas y señales para el traslado de hacienda, argumentando que gran parte de las tareas administrativas vinculadas a esos movimientos fueron transferidas hace años al ámbito nacional mediante el Documento de Tránsito Electrónico (DTE) administrado por el SENASA.
«Hoy se cobra una tasa que no tiene una contraprestación efectiva. Se transformó en un impuesto encubierto porque el productor realiza todos los trámites y el municipio prácticamente sólo coloca un sello», manifestó.
LA SITUACIÓN EN BRANDSEN
Consultado sobre el planteo habitual de los municipios respecto de una eventual desfinanciación de áreas sensibles como salud o desarrollo social, Moroni rechazó ese argumento. «Nosotros no vamos a la Justicia a decir que no queremos pagar. Vamos para que un juez determine si lo que se cobra corresponde con el servicio que se presta. Decir que esto desfinancia al municipio es un argumento capcioso y mentiroso», expresó.
El abogado sostuvo que la tasa vial tiene una finalidad específica y que, si los caminos se encuentran en mal estado, corresponde analizar el destino de esos recursos. «Si yo pago una tasa para que mantengan mi camino y el camino no está, entonces tengo derecho a preguntar dónde fue a parar ese dinero», señaló.
No obstante, reconoció que los municipios enfrentan dificultades presupuestarias y consideró que, en caso de ser necesario destinar parte de esos recursos a otras áreas, ello debería surgir de acuerdos transparentes con los contribuyentes. «Si el intendente se sienta con los productores y les explica que una parte de los recursos se destinará al hospital y muestra en qué se gastará el resto, esa es otra discusión. El problema es cuando no existe información ni control», indicó.
CÓMO SEGUIRÁ EL PROCESO
Moroni explicó que la participación en una eventual demanda será individual y voluntaria, por lo que cada productor deberá manifestar formalmente su intención de integrar la presentación judicial. «Necesitamos que cada productor firme su voluntad de participar y acompañe la documentación correspondiente. No alcanza con que la Sociedad Rural impulse la iniciativa», explicó.
En ese sentido, destacó el rol que viene desempeñando la entidad ruralista local para coordinar reuniones y reunir a los interesados. «La Sociedad Rural está haciendo el trabajo más difícil, que es juntar a los productores detrás de una causa común», sostuvo.
Finalmente, aclaró que la decisión de avanzar o no con una presentación judicial dependerá de la cantidad de productores que adhieran a la iniciativa durante las próximas semanas. «Esto no se resuelve de un día para otro. Estamos hablando de procesos que pueden durar uno o dos años, pero si queremos cambiar de fondo la situación de los caminos rurales hay que empezar por algún lado», concluyó.
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