Vecinos por un Brandsen Ecológico advierte sobre la posible instalación de un establecimiento avícola

Pablo Suárez, expresó su preocupación por el proyecto que impulsa la instalación de una empresa cercana a Jeppener. Denunció la falta de estudios técnicos y la ausencia de controles ambientales.

La posible instalación de una nueva empresa avícola en el Distrito volvió a encender el debate sobre el uso del suelo, el cumplimiento del Código Urbano Territorial y el rol de los organismos de control.

En ese marco, Pablo Suárez, integrante de Vecinos por un Brandsen Ecológico, brindó una extensa entrevista en Grassi.com (Estación Radio) la que detalló las objeciones de la institución y el contexto que rodea al proyecto.

Desde el inicio, Suárez dejó en claro que el rechazo no parte de una postura antiproductiva, sino del incumplimiento de las normas vigentes: “Nosotros no decimos que no haya producción, ni trabajo, ni desarrollo. Lo que decimos es que se cumpla la normativa, que es clara y fue construida con participación de los vecinos”, afirmó.

UN EXPEDIENTE SIN SUSTENTO TÉCNICO

Uno de los principales cuestionamientos planteados por Vecinos por un Brandsen Ecológico es la escasa documentación presentada hasta el momento. Según explicó Suárez, el expediente que hoy analizan los concejales carece de estudios fundamentales.

“En lo que se puede llamar expediente no hay nada. Hay un par de hojas firmadas por el titular de la empresa, con buenas intenciones, pero no hay impacto ambiental, no hay estudio de impacto social, no hay ingeniero agrónomo, no hay ingeniero en seguridad e higiene, no hay consultora ambiental ni firmas de responsables técnicos del municipio”, detalló.

El referente ambientalista remarcó que tampoco existen dictámenes de organismos provinciales como la Autoridad del Agua (ADA), ni informes sobre el tratamiento de efluentes, residuos o guano generado por la actividad.

“No sabemos qué van a hacer con los líquidos, con los afluentes, con el guano. Todo eso debería estar analizado por personal técnico idóneo, y hoy no lo está”, sostuvo, y remarco: “No queremos que se repitan errores”.

LA DISTANCIA MÍNIMA Y EL CÓDIGO URBANO

Otro de los ejes centrales del reclamo es el incumplimiento de la distancia mínima establecida en el Código Urbano Territorial, que fija 10 kilómetros entre establecimientos avícolas y centros poblados. Suárez explicó que esa norma surge del Plan de Desarrollo Estratégico elaborado con participación vecinal y asesoramiento de la Universidad Nacional de La Plata.

“Si alguien dijo 10 kilómetros no fue un capricho. Fue el resultado de un trabajo técnico serio, interdisciplinario, pensado para evitar conflictos ambientales y sociales”, remarcó. En ese sentido, advirtió que reducir la distancia a dos kilómetros, como se plantea en este caso, podría generar graves consecuencias para los vecinos de Jeppener.

Además, recordó que en agosto del año pasado el Ejecutivo municipal envió al Concejo Deliberante un proyecto general para modificar las distancias de las avícolas respecto a zonas urbanas, iniciativa que nunca fue tratada: “Ese proyecto era general, para todas las avícolas futuras, y quedó en comisión. No se discutió; ni se aprobó; ni se rechazó. Ahora aparece un proyecto puntual, claramente hecho a medida de un establecimiento en particular”, cuestionó.

Según Suárez, ese mecanismo implica reglamentar para un caso específico y no para la comunidad en su conjunto: “No se puede legislar en particular. Se legisla para todos, no para beneficiar a una empresa”, enfatizó.

“NADIE CONTROLA, ESO NOS PREOCUPA”

Desde Vecinos por un Brandsen Ecológico también manifestaron una profunda desconfianza respecto al control estatal posterior a la habilitación de los emprendimientos: “Aun cuando una empresa cumpla con los papeles, después nadie controla. Eso es lo que nos preocupa”, afirmó Suárez.

Como ejemplo, mencionó la contaminación del arroyo San Luis antes de su desembocadura en la Samborombón, atribuida a actividades productivas de la zona.“No lo decimos nosotros. Lo dice la Autoridad del Agua de la Provincia de Buenos Aires. Hay contaminación y nadie controla”, sostuvo.

UNA SOLA INVITACIÓN AL CONCEJO

El integrante de Vecinos por un Brandsen Ecológico contextualizó el rechazo al proyecto dentro de un largo historial de reclamos que, según afirmó, no encontraron eco en el ámbito municipal.

Entre ellos enumeró la falta de aplicación efectiva de la ordenanza de invernaderos, la exclusión de la institución de la Comisión Honoraria de Seguimiento del COT, la negativa a participar en la mesa de Producción y Desarrollo Económico y la falta de convocatoria al Foro de Medio Ambiente.

“En 22 años de historia, una sola vez fuimos invitados formalmente a una comisión del Concejo Deliberante”, indicó. También recordó que la organización solicitó la banca 15 para exponer sus planteos y no obtuvo respuesta.

VENTA IRREGULAR DE TERRENOS Y CRECIMIENTO DESORDENADO

Durante la entrevista, Suárez alertó además sobre la reaparición de la venta de terrenos en campos indivisos, una práctica que -según explicó- genera conflictos urbanos y termina siendo absorbida por el Estado: “Se venden porcentajes de campos sin subdividir. La gente compra más barato, sabiendo que no se puede regularizar, y después termina reclamando al municipio diciendo que fue estafada”, explicó.

Para el ambientalista, este tipo de situaciones contribuyen a un crecimiento desordenado del partido: “Después el problema lo tiene el Estado y se pide otra vez una excepción al Código Urbano. Es un círculo que se repite”, advirtió.

Finalmente, Suárez insistió en que la solución no pasa por prohibir la producción, sino por respetar las reglas existentes: “Las ordenanzas están. El Código Urbano está. Las normativas ambientales están. Lo único que falta es hacerlas cumplir”, concluyó.

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