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El gobierno nacional pretende modificar la Ley 26.639, que protege los glaciares y el ambiente periglaciar. Esta modificación viola el art. 41 de la Constitución Nacional, el principio de no regresión ambiental y desnaturaliza el concepto mismo de presupuestos mínimos. Transforma la ley en un régimen flexible, discrecional y funcional al extractivismo minero y petrolero.
Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales convocaron a una Audiencia Pública. Se anotaron más de cien mil personas en todo el país para dar su opinión sobre la modificación a la ley. Las jornadas se realizaron el 25/3-presencial y 26/3-virtual, habiendo permitido la participación de un pequeño porcentaje de los inscriptos, vulnerando el derecho ciudadano a expresarse y participar en instancias públicas.
Esta situación viola la Ley General del Ambiente, el Acuerdo de Escazú y el Convenio 169 de la OIT. Si bien las audiencias públicas no son vinculantes, se debió haber permitido que se ejerza ese derecho democrático. Las comisiones presididas por diputados de LLA no respetaron las normas estipuladas por ellos mismos, transformando la audiencia en una farsa. La pregunta es, ¿la libertad y los derechos avanzan o retroceden?
Araceli Sívori
