Semanario Tribuna 12-12-2020

El tema apareció en el Concejo al tratarse la ordenanza fiscal impositiva. Y generó polémica, porque la comparación parecía irrazonable: cincuenta por ciento de aumento al vecindario y ningún incremento a los barrios cerrados. La respuesta que se dio en el recinto es que uno de esos emprendimientos se había negado a pagar este año ese tributo. Y que como había una presentación ante la justicia, en el mismo sentido, eso no permitía eventuales aumentos y obligaba a un impasse hasta que el tema se resolviera. Pero no es tan así. Primero, no hay tal presentación ante la justicia. O por lo menos a la Comuna no la consta que exista.

Lo que hay es una presentación administrativa de Área 60 explicando que, no sólo dejaban de pagar esa tasa, también anticipaba que iban a tratar de recuperar lo que ellos consideraban que habían pagado de más. Y segundo, se aclaró que la Comuna podía haber impulsado un aumento de las contribuciones de los barrios cerrados, pero al parecer por razones políticas, decidieron no hacerlo y dejar todo en suspenso para evitar un eventual efecto contagio de los otros emprendimientos.


El tema estuvo presente y seguramente el ejecutivo deberá pagar algún costo político frente a un vecindario que, más allá de todo análisis, sintió que era por lo menos injusto aumentarles a todos menos a los que están sin duda en mejor condición para poder absorberlo. Incluso hasta voceros del oficialismo se preguntaron por qué no se decidió incrementarles algo en lugar de nada.

DE QUÉ HABLAMOS

La Tasa por Servicios Municipales a la que se encuentran obligados los emprendimientos urbanísticos en desarrollo, es decir que aún no tienen sus unidades funcionales formalmente constituidas, está contemplada en la Ordenanza Fiscal y se calcula en función de la capacidad contributiva de esos desarrollos.

La complejidad del modo en que dichos montos se obtienen da, en algunos casos sumas elevadas que, en razón de que tales emprendimientos, como se dijo, aún están en una etapa previa a la consolidación formal de alguno de esas unidades funcionales, los desarrolladores optan por prorratear esos pagos en el conjunto de propietarios incorporándolos en las expensas comunes.

UN CASO PUNTUAL

Ahora bien, en el caso particular de Arroyo Abascay SA, la firma titular de Área 60, ha efectuado presentaciones en sede administrativa, reteniendo los pagos de dichas tasas y solicitando la devolución de lo abonado por tal concepto, bajo el argumento de que el Municipio no presta servicios de ninguna especie al barrio y por tanto la obligación de pago de dicha tasa -alumbrado, barrido y limpieza- resultaría contraria a derecho.

“Un planteo que obliga a tener en cuenta -según el análisis particular de un profesional del municipio- que la alícuota que cobra el Municipio a los contribuyentes en cuestión, sería cuantiosa, pues la mayor parte de los lotes sobre los que recae la obligación se encontrarían baldíos, una situación que, se cree, obligará llevar adelante un profundo análisis del Ejecutivo local y un debate del cuerpo deliberativo, tratando de ajustar los montos a sumas razonables, lo que importaría sin dudas una reducción de morosidad y un considerable aumento de la recaudación fiscal”.

HAGAMOS NÚMEROS

El presupuesto anterior había calculado que por esta tasa los barrios cerrados aportarían 45 millones de pesos. La realidad es que sólo se recaudaron 30 millones. La cifra refleja parte de la crisis que afecta a todos los sectores del país, pero también muestra que la decisión de Área 60 de dejar de pagar, ha contribuido a un bajón del orden del 33 por ciento entre lo estimado y lo cobrado. Las cifras habrían obligado a poner las barbas en remojo. Y por lo que se ve, la Comuna parece haber temido que Área 60 lleve ese reclamo a la justicia y que a partir de allí otros barrios cerrados adopten el mismo criterio, achicando aún más una fuente de recursos que perdió en el 2020 un tercio de lo calculado.

Es decir, en un escenario de crisis y de incertidumbre, donde se hace mas lo que se puede que lo que se quiere, se habría decidido antes que nada poder contar como mínimo con los 30 millones recaudados este año. Sin renunciar por supuesto a la idea de encarrilar la situación con Área 60, cobrar lo que está impago y encontrar fórmulas que permitan despejar el futuro. Porque si es cierto que los barrios cerrados pagaban bastante más que los propietarios del resto del distrito -reconocen en la Comuna- también es cierto que ahora, al zafar del aumento del 50 por ciento, esa brecha se achicó mucho.

EL PLANTEO

Ahora bien, el planteo ensayado por Arroyo Abascay SA, aún en instancia administrativa y pendiente de resolución, puedeesultar exagerado y fuera de lugar. Porque al querer encontrar argumentos para cuestionar la razonabilidad de la tasa, eso los ha llevado al extremo de omitir todo pago, como si los servicios de limpieza y arreglo de calles, los parques infantiles y paseos, el mantenimiento de refugios, la salud pública, los servicios culturales, entre otros, le fuesen totalmente ajenos los habitantes de esos barrios que por supuesto a su manera “usan” la Ciudad como cualquier vecino.

De allí, entonces, que sin perjuicio de que no existe ningún obstáculo jurídico o legal que impida el aumento del tributo, ello no implica que no haya que ajustar los valores para evitar aumentos excesivos, si es que los hubo, pero también para obligar a los desarrolladores a no dejar de cumplir con las obligaciones que tienen como parte de una comunidad que ellos, indudablemente, integran.

Semanario Tribuna 12-12-2020


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