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La concejal de la UCR explicó por qué su bloque no acompañó el proyecto del Ejecutivo por el consorcio vial. Apuntó a inconsistencias legales y falta de planificación.
En una entrevista a Grassi.com (Estación Radio), la concejal de la Unión Cívica Radical, Graciela Neira, se refirió a la polémica votación en el Concejo Deliberante vinculada a la creación de un consorcio para abordar la problemática de los caminos rurales.
Si bien el proyecto surgió de un reclamo sostenido del sector productivo, la edil explicó que su bloque decidió no acompañarlo en los términos planteados por el Ejecutivo, principalmente por la incorporación de una cantera municipal dentro del esquema.
“El tema del consorcio se viene hablando hace dos años en cada mesa productiva, con la Sociedad Rural presente, reclamando soluciones para los caminos rurales. Pero cuando el Ejecutivo envía el proyecto, aparece lo de la cantera, algo que nunca se había discutido”, señaló Neira.
Según explicó, la inclusión de una cava no solo resulta ajena al objetivo central del consorcio, sino que además plantea serios conflictos normativos. “Hay una ordenanza de gestión ambiental que prohíbe nuevas cavas en el Distrito. Entonces, antes de avanzar, hay que analizar si eso se puede modificar, y eso requiere un debate profundo con participación de instituciones, técnicos y especialistas”, sostuvo.
En ese sentido, la concejal remarcó que no se trata de una decisión administrativa menor: “No es algo que podamos cambiar de un día para el otro para que un convenio funcione. Es una ordenanza importante que llevó mucho estudio y consenso”.
“¿SE TIENE IDEA DEL TIEMPO QUE IMPLICA HABILITAR UNA CAVA?”
Otro de los puntos centrales de su crítica fue la falta de viabilidad operativa del proyecto. Neira explicó que uno de los artículos establecía que el consorcio comenzaría a funcionar 30 días después de que la cantera estuviera en actividad. “¿Se tiene idea del tiempo que implica habilitar una cava? Esto no se resuelve en dos meses, lleva años de trámites en provincia, en distintos ministerios. Entonces, así como estaba planteado, el convenio no iba a funcionar jamás”, afirmó.
A esto se suma, según indicó, una contradicción interna del propio Ejecutivo: “El artículo decía que la cava debía ser exclusivamente municipal, pero el secretario de Gobierno reconoció que el municipio no tiene la capacidad económica para llevarla adelante. Entonces, inevitablemente habría que privatizarla, lo que obligaría a modificar nuevamente la ordenanza”.
Neira también relativizó la importancia del recurso que se busca obtener con la cantera. “La tosca no es primordial para el mantenimiento de los caminos rurales. Esto lo pueden confirmar personas con experiencia en el área. Hay otras formas de abordar el problema”, explicó.
“NOSOTROS NO PODÍAMOS APROBAR ALGO QUE NO IBA A FUNCIONAR”
Respecto al vínculo con la Sociedad Rural, la edil fue clara al diferenciar el reclamo original del sector con la propuesta final del Ejecutivo: “Nosotros este tema lo hablamos muchas veces con la Rural y nunca plantearon lo de la cava. Eso lo introduce el Ejecutivo como una propuesta propia”. Y agregó: “Tal vez no se dimensionó lo que implica habilitar una cantera, o se pensó que era algo rápido, pero no lo es”.
Consultada sobre por qué no volvieron a dialogar con la entidad rural una vez conocido el proyecto, Neira fue contundente: “Más allá de lo que opinara la Rural, nosotros no podíamos aprobar algo que sabíamos que no iba a funcionar. Nuestra responsabilidad es legislar con seriedad”.
Con relación al futuro de la ordenanza, que podría ser vetada por el Ejecutivo, la concejal expresó una mirada crítica: “Da la sensación de que en ningún momento hubo voluntad de ceder parte de la recaudación de la tasa vial para que la Rural se haga cargo del mantenimiento de los caminos”.
Sobre los números concretos de esa recaudación, reconoció no contar con datos precisos, aunque insistió en que ese debate debería darse con mayor transparencia.
Por otra parte, no descartó discutir la posibilidad de una cantera municipal en un proyecto independiente, pero bajo otras condiciones: “Nos podemos sentar a hablarlo, pero de manera responsable, con estudios ambientales, con participación de instituciones. No es algo que se pueda resolver en dos días”.
“NO SE TRATA DE DECIR QUE NO POR DECIR QUE NO”
Durante la entrevista también se abordó la relación de este tema con el expediente vinculado a al barrio Las Malvinas. Neira aclaró que se trata de discusiones distintas, aunque reconoció que el Ejecutivo ha intentado vincularlas. “Son dos temas aparte, pero el expediente sigue avanzando y cada vez hay más presión para que se apruebe”, indicó.
En ese marco, volvió a poner el foco en el cumplimiento de la normativa vigente, especialmente la ley de hábitat: “La empresa tiene que ceder tierras para viviendas, pero las que proponen están en una zona inundable, al lado del Paso de Piedra. Desde el primer momento dijimos que así no se puede avanzar”.
Finalmente, Neira rechazó las acusaciones de obstrucción y aseguró que desde su bloque han presentado propuestas concretas para destrabar el conflicto: “Le hicimos un listado al Ejecutivo con todos los puntos que había que corregir para que el convenio funcione, pero hace meses que no tenemos respuesta. No somos nosotros los que trabamos, es el Ejecutivo el que no responde”.
A modo de cierre, dejó en claro la postura del radicalismo: “No se trata de decir que no por decir que no. Se trata de aprobar algo que realmente sirva. Así como estaba planteado, era inviable”.
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