Es por el Plan Más Cerca Eléctrico que llevó adelante la gestión de Arias

En respuesta a la resolución dictada por la Fiscalia N° 5, que decidió archivar la denuncia contra la anterior gestión por la ejecución del Plan Más Cerca Eléctrico, el intendente Daniel Cappelletti presentó un pedido para que se lo desarchive, incluso que releven a la titular de esa Fiscalía. Y presentaron un requerimiento que, según ha trascendido, tiene como contenido básico estos fundamentos   Comienza expresando que no se les tomó testimonio a los diversos testigos que tenían relación y/o analizaron la obra tales como Ingenieros y técnicos dependientes de las cooperativas eléctricas de Jeppener y Brandsen, empleados de Edelap, expertos que habían realizado los informes técnicos, funcionarios municipales y nacionales del Ministerio de Minería y Energía, entre otros.   Y mencionan “la existencia de un daño económico de mayúsculas consecuencias que debía ser investigado seriamente por el Poder Judicial de la Provincia.   La Fiscalía, según el documento presentado que lleva la firma del Intendente,  no consideró las enormes diferencias existentes entre el informe realizado por la UTN y la Certificación de obra realizada por la contratista y los funcionarios municipales denunciados. Este informe es encomendado por el Ministerio de Minería y Energía de la Nación y fue realizado por un organismo -UTN- tercero e imparcial y coteja realmente lo efectivamente realizado en el lugar dejando en evidencia las diferencias entre lo realizado y lo certificado por los denunciados.

AVANCE DE OBRAS


   El texto después coteja, según el informe de  la Universidad Tecnológica Nacional, lo realizado con  lo certificado en los siguientes barrios: En Las Acacias, ejecutado un 50% y certificado 86,56% ; en Jeppener: 67.51% y  95%; en el  Santa Isabel, 89.34% certificado y  60% ejecutado; Los Aromos 95.48% y 60%;  La Dolly 1, 94.45% certificado y 30% ejecutado; La Dolly 2, 95.48% nada ejecutado; La Manzana 90.93%  y 30%; en Las Américas  81.11% certificado y nada ejecutado.  Y agrega que los técnicos que confeccionaron este informe técnico no fueron convocados por la fiscalía a pesar de que fueron propuestos por esta parte.  Por otra parte, señala el requerimiento formulado por Cappelletti, “del relevamiento realizado por EDELAP surge que en los barrios Las Américas, La Dolly II y La Manzana, se encuentran la totalidad de obras pendientes de realización representando en consecuencia el 0% de avance, siendo que en el certificado de obra obrante a fs. 636 surge un avance de obra del 81.116% en Las Américas, 94.820% en La Dolly II y del 90.932% en el Barrio La Manzana.

SOBRE LA FISCALIA

   Apunta que tampoco  la fiscalía interviniente,  “a pesar de que lo ordenó y puso fecha de pericia, peritó los elementos electrónicos secuestrados a los denunciados. Y subrayan que la  Jueza de Garantías N°. 5 se expide denegando el sobreseimiento de uno de los imputados en virtud de que el pedido  resulta prematuro.   “Obra en autos la declaración de uno de los denunciados donde manifestó la modalidad totalmente ilícita. También manifestó en su declaración que la obra se habría realizado en porcentaje cercano al 70%. De la propia declaración del imputado se desprende que confeccionaron certificados de obra con un avance superior al real, para cobrar por adelantado las obras aún no realizadas”.   Y deduce que “surge de lo anterior la falsedad documental del instrumento necesario para percibir las sumas de dinero antes de realizar las obras”.    En el documento, el Intendente también pide que releven a la titular de la Fiscalía que decidió archivar estas actuaciones. 

¿FALTA INVESTIGAR?

   “La Fiscalía tampoco investigó –dice el pedido para que se desarchive esta denuncia- sobre las citas de la indagatoria. No se citó a prestar declaración a ninguno de los técnicos y/o profesionales de las Cooperativas Eléctricas involucradas tampoco a los de EDELAP para saber cómo estaba la obra en su jurisdicción en el año 2015 y 2016. Tampoco los funcionarios públicos mencionados fueron citados a prestar declaración”. Y añaden que “la prueba documental acompañada acredita que la obra no fue realizada en un 90% como surge de los certificados de avance de obra.   Por otro lado no se procedió a investigar el sobreprecio denunciado y la participación previa al proceso licitatorio por parte de quien luego sería adjudicatario. El contratista manifiesta que participó en la confección de los pliegos y que además consignaron un rubro, que no se utilizarían pero que servirían para reservar dinero (alrededor de $2.000.000), para adquirir otros elementos, pero que luego fue certificada la compra de los bienes licitados cuando nunca se adquirieron.   Con relación al sobreprecio no se indagó sobre la sustancial diferencia de precio existente entre lo presupuestado por el Ingeniero de la Cooperativa (alrededor de $3.000.000) y el precio oficial para la misma obra ($13.210.000).

La resolución de la fiscalía

 Trascribimos la parte resolutiva del documento dado a conocer en la edición anterior  y que explica por qué la Fiscalía decidió archivar las actuaciones:“En resumen, no se encuentra acreditado con los elementos de autos- de ningún modo el despliegue de un obrar doloso de la empresa contratista, ni de los funcionarios municipales que determine un reproche penal, ya que se observa, reitero, una ejecución diferente y distinta de lo contratado, la que en algunos casos obedecería a requerimientos de las prestadoras del servicio, y en otros casos quizá a cuestiones que pudieron surgir en el momento de la ejecución. A la luz de los argumentos expuestos, este Ministerio Público considera que no existe en la presente investigación prueba suficiente sobre la existencia del hecho tal como fuera denunciado, cuanto tampoco de la autoría del mismo, corresponde de conformidad con lo dispuesto por el art. 268, cuarto párrafo, del C.P.P. proceder al archivo de las presentes actuaciones, hasta tanto se incorporen nuevos elementos que permitan continuar con su tramitación”.

“Con relación al sobreprecio no se indagó sobre la sustancial diferencia existente entre lo presupuestado por el Ingeniero de la Cooperativa (alrededor de $3.000.000) y el precio oficial: ($13.210.000)”.
“De la propia declaración del imputado se desprende que confeccionaron certificados de obra con un avance superior al real, para cobrar por adelantado las obras aún no realizadas”.
“La Fiscalía no consideró las enormes diferencias existentes entre el informe realizado por la Universidad Tecnológica Nacional y la certificación de obra realizada por la contratista y los funcionarios municipales denunciados”. 

Publicado en Semanario Tribuna 27-06-2020


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