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Un proyecto del oficialismo platense busca ajustar la superficie del suelo que ocupan; el expediente impedía la expansión de la actividad productiva, principalmente en el polígono que comprende las calles 90 y 708, y la 137 hasta el límite con Brandsen. Desde el sector hablan de “especulación inmobiliaria”.
Un proyecto para restringir el uso del suelo y regular las perforaciones para riego en los invernaderos del cordón florifrutihortícola, provoca por estas horas una fuerte polémica entre la Municipalidad, la oposición y el sector, que ayer se movilizó a las puertas del palacio comunal en contra de la iniciativa.
Todo comenzó luego de que el concejal de Juntos y presidente de la comisión de Planeamiento presentara en el deliberativo local un proyecto de ordenanza que prohibía la extracción de agua subterránea, con excepción de la realizada para uso doméstico o un permiso expreso. Con el argumento de proteger el acuífero Puelche -que recorre el agua subterránea en nuestra región- y beneficiar el drenaje de agua de lluvia para evitar inundaciones, el expediente impedía la expansión de la actividad productiva, principalmente en el polìgono que comprende las calles 90 y 708, y la 137 hasta el límite con Brandsen.
La iniciativa fue criticada públicamente por el concejal del Frente de Todos, Guillermo “Nano” Cara, que preside la comisión de Desarrollo Local del Concejo Deliberante, a donde acudieron representantes de lo productores al enterarse de la medida. Y, se advirtió puntualmente, que el proyecto de ordenanza no es procedente porque es el Estado provincial, a través de la Autoridad del Agua (ADA) y la ley provincial de uso del suelo, el que debe atender la cuestión.
Como publicó EL DIA, en la última sesión del deliberativo Cara acusó al oficialismo de cercenar la actividad de un sector económico tan importante de la Región “para preparar el terreno para hacer negocios inmobiliarios, facilitando el avance de barrios cerrados en zonas que hasta ahora fueron productivas”. Y relacionó ese impulso a la revalorización que tendrá la tierra en esa zona, a partir de los proyectos para convertir en autovías las rutas 11 y 36.
Al responderle, Mor Roig había negado esa idea y sostenido que las comisiones por las que pasaría el proyecto estaban presididas por concejales opositores, que podrían realizarles modificaciones.
Pero ayer Cara insistió con remarcar esa intención por parte del gobierno local. Es que los ensanches de los arroyos y la obra del derivador de la calle 131 realizados luego de la inundación de 2013 funcionan como drenaje de la zona frutihortícola.
“La Ciudad no puede renunciar a legumbres frescas e incrementar sus precios por los costos de traslados lejanos, cuando hay muchas otras zonas para el desarrollo de proyectos urbanos que no implican desplazar a la actividad agrícola local”, dijeron.
MARCHA Y FUERTE POLÉMICA
Ante la polémica desatada, las asociaciones de productores convocaron a la movilización que se realizó el pasado martes 12 en Plaza Moreno, luego de advertir que pidieron una audiencia con el Ejecutivo municipal pero no tuvieron respuesta.
Y, casi en paralelo, el oficialismo salió a desestimar el proyecto que había originado la polémica, anunciando, primero, el envío de un nuevo expediente, y luego el impulso de otro que el Ejecutivo ya había girado al Concejo hace unos meses, menos limitante para la actividad agrícola productiva.
La secretaria de Planeamiento del Municipio, María Botta, explicó que el espíritu de la iniciativa busca “preservar el suelo absorbente y controlar la extracción hídrica del Puelche”. En lo concreto ajusta la posibilidad de ocupación de invernaderos al 40 por ciento de cada propiedad, salvo que utilicen energía solar, lo que la extendería al 60 por ciento, como indica la legislación provincial.
Pero los productores también rechazaron esa iniciativa, en el marco de haber obtenido el compromiso de reunirse mañana con Rogelio Blesa y Carolina Barros Schelotto -funcionarios del área anunciada por el intendente Garro para el desarrollo productivo.
Consultado por EL DIA, Silvio Pérez, uno de los integrantes de las cinco organizaciones que se movilizaron ayer, advirtió que en las condiciones en que se encuentra el sector, el proyecto que impulsa el Ejecutivo municipal es “de cumplimiento imposible”.
El floricultor dijo que “de las buenas prácticas agrícolas estamos a mil pasos”. Y explicó si se ocupara sólo el 40 por ciento del suelo alquilado, “no se alcanzan ni a cubrir los gastos fijos para la producción, que es de escala familiar”.
Tras estimar que el sector alberga a unas 5 mil familias, Pérez se quejó de la “falta de acompañamiento por parte del municipio, que eliminó hasta la secretaría de Producción”. Y contó que el alquiler de las tierras para producción, actividad fundamental de los medieros, “aumenta todos los meses sin regulación y con contratos de un año. La presión inmobiliaria nos muerde los tobillos, nos quieren desplazar para urbanizar”.
Respecto de los argumentos para avanzar con la ordenanza impulsada, el representante de los productores dijo que “cuando fue la inundación de 2013 en nuestra zona llovió muy poco, el agua proveniente del cordón frutihortícola no fue el motivo”. Y dijo desconocer los motivos por los que las perforaciones para riego contaminarían las napas. “Si estuviesen preocupados por la contaminación, la Municipalidad hubiese habilitado el lugar para desechar los agroquímicos, el que hace tres años que esperamos y que por su ausencia terminamos desechando peligrosamente, como podemos”, concluyó.
Fuente: El Día
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