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La concejal de JxC le respondió al intendente Raitelli con respecto al rol de la oposición dentro del HCD que no permitirían una regulación para los barrios cerrados. La entrevistada defendió el rol del Concejo y pidió que la ley sea pareja para todos.
Durante el sábado por la mañana, la concejal Florencia Arrechea (Juntos por el Cambio) fue entrevistada en Grassi.com y respondió a las fuertes declaraciones del intendente Fernando Raitelli, quien había acusado a la oposición del Concejo Deliberante de impedir que Brandsen no pueda crecer más.
Arrechea desmintió esa afirmación y explicó con precisión el trabajo legislativo en relación a los emprendimientos urbanos en proceso de regularización. En particular, hizo foco en el caso del complejo “Malvinas”, un desarrollo inmobiliario iniciado en el año 2003 que contempla la creación de siete barrios y que aún presenta irregularidades administrativas y técnicas.
“Nosotros no estamos poniendo palos en la rueda. Lo que hacemos es analizar con responsabilidad los expedientes que ingresan al Concejo. En el caso de Malvinas, hay múltiples irregularidades que se vienen arrastrando desde hace más de veinte años”, sostuvo.
La edil explicó que, a diferencia de lo que puede parecer, el Concejo no es el único órgano que interviene. Además del trabajo municipal a través del Código de Ordenamiento Urbano (COU), se requiere la participación de organismos provinciales como la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, que debe convalidar los distintos pasos del proceso de urbanización.
“Malvinas tiene un expediente en la provincia, pero también debe cumplir normativas locales. Por ejemplo, debe ceder espacios verdes, equipamiento comunitario, y en el marco de la Ley de Hábitat también tierras para el Banco de Tierras Municipal. Nada de eso se puede saltear. La ley es para todos”, advirtió Arrechea.
CRÍTICAS AL NUEVO CONVENIO
Según explicó la concejal, el Ejecutivo envió recientemente un nuevo convenio al Concejo Deliberante que buscaría regularizar la situación del emprendimiento. Sin embargo, Arrechea advirtió que dicho convenio sería “mucho más pobre” que una propuesta anterior firmada durante la gestión de Daniel Cappelletti.
“Aquella propuesta anterior contemplaba la cesión de tierras exigidas por ley, la compra de un excedente fiscal, la adquisición de la calle perimetral por parte del emprendimiento, y el desistimiento de juicios entre la empresa y la Municipalidad. El nuevo acuerdo no contempla casi nada de eso. Es mucho menos beneficioso para el Estado y para los vecinos”, señaló.
Frente a las acusaciones del intendente, quien sugirió que desde la oposición se está entorpeciendo el desarrollo del distrito, Arrechea fue categórica:
“Nosotros queremos que Brandsen crezca, pero con reglas claras, con transparencia y cumpliendo la ley. No vamos a avalar emprendimientos que durante años eludieron normativas, y ahora pretendan resolver todo con una cesión mínima de tierras. No estamos poniendo trabas, estamos exigiendo lo que marca la ley”.
“LA VOLUNTAD DE COBRAR ESTÁ”
Se le consultó por uno de los puntos más discutidos en el plano político y técnico: si la Municipalidad puede cobrar tasas a los barrios cerrados o en proceso de regularización, aún cuando no tengan aprobación definitiva. La entrevistada respondió que sí.
“La ordenanza fiscal 88 establece que se pueden aplicar tasas a toda ocupación efectiva del suelo urbano, esté o no regularizado. Y más aún, este mismo año el intendente Raitelli firmó el decreto 625/25, que habilita a la Municipalidad a facturar tasas de mantenimiento, servicios urbanos y seguridad e higiene a cada lote de estos emprendimientos”, explicó.
“Es decir, no es necesario que el barrio esté completamente aprobado por provincia para cobrar las tasas. Lo que no se puede hacer es perdonar irregularidades o entregar espacio público sin cumplir los pasos legales. Una cosa es la cobrabilidad fiscal, otra es la regularización urbanística. Y ambas deben caminar en paralelo”, remarcó.
Arrechea insistió en que es perfectamente posible avanzar en la recaudación mientras se exigen las condiciones necesarias para la regularización. De hecho, explicó que el Municipio ya está cobrando tasas a algunos lotes, incluso en barrios aún en proceso de aprobación.
“La voluntad de cobrar está, y los mecanismos existen. Lo que no se puede hacer es avalar convenios que vayan en contra del interés público. Para nosotros, el crecimiento no puede ser a cualquier precio”, afirmó.
“NO SE ARREGLA TODO CON UNA CHARLA POLÍTICA”
Consultada sobre si hubo instancias de diálogo con el oficialismo o el intendente, Arrechea respondió que sí, pero que esas reuniones no siempre terminan en consensos concretos:
“Nos hemos reunido muchas veces. Pero cada parte debe ceder lo que la ley exige. No se trata de negociar por fuera de la normativa, porque eso puede poner en riesgo al propio Municipio. Las decisiones que se tomen mal hoy, pueden terminar en demandas millonarias o en daños ambientales irreparables mañana”, señaló.
En ese sentido, también advirtió que hay cuestiones técnicas que no dependen exclusivamente del Concejo o del Municipio, sino también de organismos provinciales que deben intervenir y aprobar cada paso: “No se puede arreglar todo con una charla política. Hay que respetar el marco legal. Y eso es lo que nosotros estamos defendiendo”, aseguró.
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