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La abogada y apoderada legal del partido Nuevo Brandsen, participó de la reunión realizada por vecinos a raíz de la situación de la planta depuradora.
En el contexto de la situación de la planta depuradora, Dra. Roxana Alegre, vecina de la Ciudad y apoderada legal del partido político Nuevo Brandsen, brindó detalles sobre la perspectiva jurídica que rodea al conflicto y explicó cuáles podrían ser los próximos pasos legales si continúan sin obtener respuestas de las autoridades.
Explicó que el encuentro desarrollado el pasado 10 de junio en el barrio Infanta Isabel tuvo como objetivo analizar la situación generada por el funcionamiento deficiente de la planta de tratamiento de líquidos cloacales y evaluar posibles acciones para exigir información oficial.
“Estamos frente a una situación muy grave porque afecta al medio ambiente y también a la salud de todos los habitantes de Brandsen. No estamos hablando solamente de una cuestión administrativa o técnica, sino de un problema que puede tener consecuencias directas sobre la calidad de vida de la población”, detalló.
FALTA DE RESPUESTAS OFICIALES
“No tenemos respuesta por parte del Departamento Ejecutivo. Hay un silencio y una mora de la administración que nos habilita a accionar legalmente”, planteó la abogada respecto a la ausencia de información por parte del Ejecutivo municipal respecto del estado de la planta.
Según detalló, instituciones ya iniciaron reclamos formales: “Hay asociaciones civiles de Brandsen que ya agotaron la vía administrativa. Se hicieron pedidos concretos de información y no hubo respuestas; la ley contempla herramientas para exigirlas judicialmente”.
“Hoy no tenemos conocimiento oficial de cómo afecta esta situación al ambiente ni a la salud de la población. Lo único que sabemos es lo que vemos diariamente y lo que denuncian los vecinos. Pero es obligación del Estado producir y exhibir los estudios técnicos correspondientes”, subrayó.
EL CAMINO JURÍDICO
Alegre explicó que antes de llegar a la Justicia es necesario transitar determinadas instancias administrativas: “Tenemos varias vías para poder acceder. Antes que nada, debemos agotar la vía administrativa, tanto ante el Departamento Ejecutivo como ante el Concejo Deliberante”.
Sin embargo, afirmó que los plazos legales ya se encuentran vencidos: “Ya pasaron los 30 días hábiles que tenía la administración para contestar los primeros reclamos. Hoy existe una mora administrativa y un incumplimiento de la obligación de brindar información pública”.
Por ese motivo, señaló que se analiza avanzar con un amparo colectivo: “Lo primero que se pediría es que un juez ordene al Municipio presentar todos los estudios técnicos y ambientales necesarios para determinar el impacto real de esta situación”.
RECOLECCIÓN DE FIRMAS Y RECLAMOS PROVINCIALES
La doctora indicó que además de las gestiones locales se están realizando presentaciones ante organismos provinciales vinculados al control ambiental: “Estamos recolectando firmas de vecinos, tanto en formato papel como mediante los mecanismos que permite la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia de Buenos Aires”.
A su entender, la problemática excede la esfera municipal: “No solamente depende del Municipio. Existe un organismo de control que es la Provincia de Buenos Aires y también tiene responsabilidades concretas sobre esta situación”.
No obstante, aseguró que tampoco han obtenido respuestas desde ese nivel estatal: “Tampoco hemos tenido respuesta alguna por parte de la Secretaría de Medio Ambiente. Por eso estamos agotando también la vía administrativa provincial”.
“QUEREMOS QUE TODOS LOS VECINOS PUEDAN PARTICIPAR, INFORMARSE Y DECIDIR”
Consultada sobre si la estrategia judicial busca únicamente obtener información o si apunta a resolver el problema de fondo, Alegre sostuvo que ambas cuestiones están estrechamente vinculadas. “Esto no es para ganar tiempo. Es la vía legal que corresponde frente al silencio de la administración. Lo primero es acceder a la información que hoy se nos está negando”.
La abogada consideró que la participación ciudadana será determinante en cualquier acción futura. “Si la acción es colectiva tiene mucho más peso. No se trata del reclamo individual de una persona, sino de una preocupación compartida por toda la comunidad”.
En ese sentido, adelantó que se convocará a nuevas reuniones abiertas para informar a los vecinos sobre las herramientas disponibles y los pasos a seguir. “Queremos que todos los vecinos puedan participar, informarse y decidir cómo actuar. Estamos hablando de una situación que afecta a toda la Ciudad”.
POSIBLES ACCIONES CONTRA EL MUNICIPIO Y LA PROVINCIA
Alegre sostuvo que la falta de controles podría derivar en una acción judicial que alcance tanto al Ejecutivo como al gobierno bonaerense: “El organismo de contralor del Municipio es el Ministerio de Medio Ambiente de la Provincia. Si no tenemos respuestas, la acción podría dirigirse contra ambos”.
La letrada afirmó que las autoridades del gobierno de Axel Kicillof tienen el deber de certificar el cumplimiento de la normativa. “Es la Provincia quien debe garantizar un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Esa obligación surge de la Constitución y de la legislación ambiental vigente”.
Además, expresó su preocupación por las denuncias vinculadas al vertido de efluentes sin tratamiento. “Lo que hoy se denuncia es que se estarían arrojando desechos crudos a un brazo del río Samborombón. Eso no sólo afecta al ecosistema, sino también a los recursos hídricos de los que dependen muchos vecinos”.
Y agregó: “Debemos tener en cuenta que gran parte de la población utiliza agua de pozo. Por eso es indispensable conocer cuál es el impacto real de esta situación y qué medidas se están tomando para prevenir riesgos”.
CRÍTICAS AL AUMENTO DE TASAS
Durante la entrevista, Alegre también fue consultada sobre otra cuestión de actualidad: el incremento de tasas dispuesto por el Ejecutivo municipal. La abogada consideró que la medida presenta serias objeciones legales: “Estamos atravesando una situación que ya roza la ilegalidad”.
Según explicó, la facultad para aprobar modificaciones en materia tributaria corresponde exclusivamente al Concejo Deliberante. “Quien tiene la potestad para modificar la Ordenanza Impositiva o autorizar aumentos de tasas es el Departamento Legislativo”.
Por ello cuestionó que el incremento haya sido dispuesto mediante un decreto: “El presupuesto y la ordenanza impositiva ya habían sido aprobados para todo el ejercicio. Por lo tanto, es ilegal que el Departamento Ejecutivo aumente las tasas por decreto”.
Finalmente, sostuvo que tanto los concejales como los contribuyentes cuentan con herramientas legales para cuestionar la medida. “Los vecinos y el Concejo Deliberante tienen la potestad de accionar contra este acto que hoy está ejerciendo el Departamento Ejecutivo”.
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