La iniciativa fue presentada en el Congreso por una diputada de Unión por la Patria y propone utilizar datos biométricos del Renaper para validar las cuentas. También contempla controles para proteger a menores de edad y sanciones para las plataformas que no cumplan con la normativa.

Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la Nación propone establecer la verificación obligatoria de identidad para quienes utilicen redes sociales, plataformas de comercio electrónico y aplicaciones de juegos que operen en la Argentina. La iniciativa busca que cada cuenta esté vinculada a una persona cuya identidad haya sido validada mediante el sistema del Registro Nacional de las Personas (Renaper).
La propuesta fue impulsada por la diputada nacional de Unión por la Patria, Cecilia López Pasquali, y alcanzaría tanto a quienes creen nuevos perfiles como a los usuarios que ya tienen cuentas activas. En caso de aprobarse, estos últimos también deberían completar el procedimiento para continuar utilizando los servicios.
El objetivo principal es reducir los delitos cometidos en entornos digitales, entre ellos las estafas, la suplantación de identidad y el grooming. Sin embargo, la iniciativa también abre un debate sobre la privacidad, la protección de los datos personales y el derecho al anonimato en internet.
Cómo funcionaría la identificación obligatoria
El proyecto establece que las plataformas deberán utilizar el Sistema de Identidad Digital (SID) del Renaper para comprobar la identidad de las personas que se registren.
El mecanismo contempla una validación biométrica, aunque las empresas tecnológicas no estarían habilitadas para almacenar fotografías ni información biométrica de sus usuarios. En su lugar, recibirían una confirmación de identidad, información vinculada a la mayoría de edad y un código de trazabilidad encriptado.
De esta manera, las plataformas podrían verificar que detrás de cada perfil existe una persona identificada sin acceder directamente a la totalidad de sus datos personales.
Uno de los aspectos contemplados es que los usuarios podrían continuar utilizando seudónimos, nombres artísticos, avatares o identidades diferentes de las que figuran en sus documentos. La diferencia es que cada cuenta debería estar asociada a una identidad real previamente verificada.
Qué pasaría con el anonimato y los perfiles falsos
La iniciativa no plantea eliminar el anonimato público, pero sí establecer un mecanismo reservado que permita identificar a los titulares de las cuentas ante determinadas circunstancias judiciales.
En caso de una investigación por estafa, fraude, comercialización de productos ilegales u otros delitos cometidos mediante una plataforma digital, la Justicia podría solicitar información para conocer quién se encuentra detrás del perfil involucrado.
De acuerdo con el proyecto, la identidad solamente podría revelarse ante un requerimiento judicial en el marco de una causa civil o penal.
Así, la propuesta busca mantener la posibilidad de utilizar nombres ficticios frente a otros usuarios, pero impedir que las cuentas funcionen sin una identidad verificable.
Controles para menores y apuestas online
Otro de los ejes de la iniciativa está relacionado con la protección de niños, niñas y adolescentes en internet.
Para ingresar a plataformas de apuestas o acceder a contenidos exclusivos para mayores de 18 años, los usuarios deberían acreditar su edad mediante el sistema de validación biométrica.
En el caso de los servicios que permiten la participación de menores, la creación de cuentas tendría que estar vinculada a una verificación realizada por sus padres, tutores o representantes legales.
La propuesta considera que los controles actuales no resultan suficientes para impedir el acceso de menores a determinados contenidos ni para evitar que adultos utilicen identidades falsas con el objetivo de contactarlos.
Qué sanciones podrían recibir las plataformas
El proyecto también establece obligaciones para las empresas tecnológicas que ofrecen sus servicios en el país. En caso de convertirse en ley, tendrían un plazo de 180 días para adecuar sus sistemas e implementar los mecanismos de verificación.
Las compañías que no cumplan con las disposiciones podrían recibir apercibimientos, multas e incluso enfrentar la suspensión temporal de sus servicios en el territorio nacional.
Entre los fundamentos de la iniciativa, López Pasquali plantea una diferencia entre los controles de identidad que se exigen para realizar operaciones bancarias o trámites oficiales y la facilidad con la que actualmente se pueden crear perfiles en plataformas digitales.
Según la legisladora, esa situación favorece determinadas modalidades delictivas y afecta la confianza de los usuarios en los servicios que funcionan a través de internet.









































