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Una iniciativa de legisladores de la Coalición Cívica busca crear un régimen legal único para regular en toda la provincia de Buenos Aires distintos gravámenes; el rol reservado a las Comisiones Viales Municipales para administrar fondos para caminos.
Ante los crecientes reclamos de productores agropecuarios por el mal estado de los caminos rurales y la falta de mantenimiento, el diputado provincial de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, presentó junto a sus pares Romina Braga y Maricel Etchecoin Moro un proyecto de ley que busca modificar de manera estructural el esquema de financiamiento y gestión de la red vial rural en la provincia de Buenos Aires.
El legislador explicó que la iniciativa apunta a «mejorar la transparencia en el uso de los fondos públicos, garantizar la participación de los contribuyentes en la toma de decisiones y eliminar tasas que se cobran sin contraprestación efectiva».
La propuesta incluye la creación de un “régimen legal único para regular en toda la provincia de Buenos Aires las siguientes tasas municipales: Tasa de Mantenimiento y Mejoramiento de la Red Vial Rural y Tasa por expedición de Guías y Certificados” derivados del régimen provincial de Marcas y Señales. Se establece que esos tributos solo podrán cobrarse bajo las condiciones estipuladas en la nueva ley, sin posibilidad de ser modificadas por ordenanzas municipales u otras normas locales.
La iniciativa, de aprobarse, tendría carácter de ley de orden público y se aplicaría en todo el territorio bonaerense, dejando sin efecto cualquier normativa municipal que se le oponga.
Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de Comisiones Viales Municipales, que estarían integradas por representantes de entidades agropecuarias con personería jurídica y por técnicos de los municipios. Estas comisiones serían responsables de planificar, ejecutar y controlar los planes de mantenimiento de la red vial rural en cada distrito.
Según lo estipulado, cada una deberá elaborar un plan maestro anual, definir costos, administrar los fondos y rendir cuentas al final de cada ejercicio. Los bienes adquiridos con estos recursos quedarían a nombre del municipio, aunque con uso exclusivo para la comisión.
“NO ES SOLO BARRO. ES ANGUSTIA”
Sobre el financiamiento, el proyecto dispone que “se destinará a la vialidad rural, al menos el cincuenta por ciento (50%) de la coparticipación provincial del impuesto inmobiliario rural recaudado en cada jurisdicción municipal”, y que se transferirá automáticamente a una cuenta administrada por la Comisión Vial. Los municipios solo podrán cobrar una tasa si esos fondos no alcanzan para cubrir el presupuesto total.
“La Legislatura bonaerense no puede seguir haciendo la plancha en este histórico e inobjetable reclamo del interior productivo, con respecto al decadente estado de los caminos rurales. Es imperioso que brindemos una solución urgente, concreta, realizable y, sobre todo, eficiente en el uso de los recursos para poner fin a décadas de abandono”, sostuvo Bugallo.
“No es solo barro, pozos y zanjones. Es angustia. Es la leche que se echa a perder en un tambo porque el camión no pudo entrar o los granos que no pudieron sacarse a tiempo del campo”, expresó Bugallo, al describir el impacto cotidiano de esta problemática.
Además de la participación activa de los productores en las Comisiones Viales, la iniciativa establece mecanismos concretos de control y transparencia. Por ejemplo, la obligación de publicar anualmente el plan de obras, el detalle de los costos estimados y los informes de ejecución. De esta manera, se busca evitar discrecionalidades y asegurar que el dinero recaudado tenga un destino verificable.
El proyecto también incorpora una modificación en la Ley Orgánica de las Municipalidades para limitar abusos: “Las tasas no podrán exceder el costo específico del servicio efectivamente prestado a los sujetos individualmente considerados”, indicó en el texto.
Entre los fundamentos se afirma que se pretende “restablecer legalidad, proporcionalidad y control ciudadano sobre instrumentos tributarios que, por su mal uso, han afectado la confianza pública y la equidad fiscal”.
Finalmente, el proyecto establece que todas las normas provinciales o municipales que se opongan a esta ley quedarán derogadas. El Poder Ejecutivo contará con 90 días para reglamentarla, sin modificar el contenido sustancial de la norma.
Fuente: La Nación
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