La concejal Florencia Arrechea advirtió sobre la situación judicial de tierras cedidas al municipio y adelantó que su bloque pedirá informes para determinar si forman parte del anuncio del Ejecutivo.
La situación de los terrenos que la Municipalidad de Brandsen recibió durante la gestión del exintendente Gastón Arias volvió a quedar en el centro del debate, luego de que el pasado miércoles 30 de septiembre, Fernando Raitelli anunciara la posibilidad de avanzar con un programa de 180 lotes. Lo hizo en su discurso en el marco del sorteo de las 36 viviendas del barrio República, donde dijo que enviaría al Honorable Concejo Deliberante un proyecto de loteo para brindar más posibilidades de acceso a la tierra a las familias del Distrito.
En ese contexto, la concejal de la Unión Cívica Radical, Florencia Arrechea, dialogó con Grassi.com (Estación Radio) y explicó los cuestionamientos que su espacio político realizó sobre aquellas cesiones, las denuncias presentadas y las dudas que todavía persisten respecto de la situación legal de algunos inmuebles.
Durante la entrevista, la edil hizo una primera aclaración: hasta el momento de la conversación, su bloque no había recibido formalmente el proyecto habitacional anunciado por el Ejecutivo municipal. Por ese motivo, señaló que todavía no podía establecer si los 180 lotes mencionados por el intendente correspondían a los terrenos que fueron objeto de las denuncias durante la gestión de Arias porque aún no recibieron documentación oficial al respecto.
EL DESTINO LEGAL DE LOS TERRENOS CEDIDOS
Arrechea explicó que los cuestionamientos originales están vinculados con el artículo 56 de la Ley provincial 8912/77, que establece obligaciones para los emprendimientos urbanísticos, entre ellas la cesión de tierras destinadas a espacios verdes y reservas para equipamiento comunitario.
Según indicó, los inmuebles recibidos por el municipio durante la gestión de Arias presentaban una particularidad: en lugar de tratarse de terrenos con títulos de propiedad debidamente acreditados, se habrían cedido derechos y acciones posesorias. “Es decir, tiene ese objetivo solamente. Vos no la podrías usar para ninguna otra cosa”, explicó al referirse al destino que la normativa establece para esas tierras.
La concejal remarcó que, de acuerdo con la documentación que dijo haber revisado, los emprendimientos no habrían cumplido adecuadamente con las condiciones legales exigidas para esas cesiones. “Los barrios cerrados deberían ceder tierra dentro de su propio emprendimiento y, además, tendrían que ser titulares registrales de eso que ceden”, afirmó.
En esa línea, agregó que los terrenos entregados no contaban con títulos perfectos y que, según los antecedentes analizados, los propios emprendimientos no habrían sido poseedores de esos inmuebles.
TERRENOS CON PROPIETARIOS QUE RECLAMAN SU TITULARIDAD
Uno de los puntos más delicados mencionados durante la entrevista es la existencia de un litigio por una parte de uno de los predios cedidos, donde habrían aparecido personas que reclaman ser las titulares registrales de esas tierras.
De acuerdo con lo expresado por Arrechea, el conflicto tramita ante el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de La Plata, en el marco de una acción de reivindicación. La situación involucra una porción de un predio utilizado por ciclistas.
La edil también sostuvo que algunos de los inmuebles presentaban deudas y que el procedimiento mediante el cual fueron incorporados al patrimonio municipal generó cuestionamientos. “Hay un montón de cosas que están documentadas”, expresó, al explicar que las denuncias se basaron en los expedientes y en la documentación que se recopiló tras el cambio de gobierno.
No obstante, la concejal aclaró que la determinación de las responsabilidades corresponde a la Justicia y que no se trata de una opinión personal, sino de los antecedentes que, según manifestó, surgen de los documentos analizados. “Eso después lo tendrá que determinar la Justicia, la responsabilidad de cada uno”, señaló.
¿EN QUÉ SITUACIÓN SE ENCUENTRAN LAS DENUNCIAS?
Consultada sobre el estado de las presentaciones realizadas, Arrechea indicó que las denuncias se encuentran en la Justicia penal y que el proceso continúa su curso.
También consideró que el municipio debería realizar un seguimiento de las actuaciones judiciales para conocer su evolución y las posibles consecuencias sobre los inmuebles involucrados.
La concejal insistió en que la situación dominial constituye un aspecto central para cualquier iniciativa que pretenda avanzar con la entrega de lotes o la escrituración a favor de vecinos. “Hoy por hoy está complicado porque hay que atravesar un montón de pasos legales”, afirmó.
Y explicó que, antes de transferir los terrenos a los beneficiarios de un eventual programa habitacional, sería necesario resolver la situación jurídica de los inmuebles y garantizar que el municipio tenga la titularidad registral correspondiente.
EL PEDIDO DE INFORMES QUE IMPULSARÁ LA UCR
Arrechea adelantó que el bloque de concejales de la Unión Cívica Radical presentará un proyecto de comunicación para solicitar información oficial sobre el programa anunciado por el Ejecutivo.
Entre los puntos que buscarán conocer se encuentran la identificación catastral completa de los terrenos, los informes de dominio actualizados y las copias de los expedientes y decretos mediante los cuales se incorporaron los inmuebles al municipio.
También reclamarán informes del área de Planeamiento para conocer la zonificación de las tierras y documentación de la Autoridad del Agua, además de precisiones sobre la factibilidad de llevar adelante un desarrollo habitacional en esos lugares. “En principio tendríamos que conocer el proyecto habitacional que el municipio anunció a través de los medios de comunicación. Que nos llegue al Concejo para estudiarlo”, afirmó.
La concejal agregó que será necesario determinar si los terrenos son aptos para construir viviendas, cuánto costaría dotarlos de servicios y qué obras de infraestructura deberían realizarse. “Lo importante es llevar seguridad jurídica a todas aquellas personas que piensan en obtener el beneficio de esta política habitacional”, remarcó.
LA APTITUD DE LAS TIERRAS Y LOS COSTOS DE URBANIZACIÓN
Otro de los interrogantes planteados durante la entrevista está relacionado con las características de los terrenos y su ubicación. Arrechea advirtió que, si se trata de los inmuebles cuestionados anteriormente, algunos estarían situados en zonas bajas, próximas al río Samborombón.
Por eso, consideró necesario contar con estudios técnicos que permitan establecer si las tierras son aptas para viviendas y cuáles serían los costos de urbanización. “Hay que ver la conveniencia de si el lugar es apto, cuánto sale llevar servicios y todo eso a esos lugares”, sostuvo.
En el intercambio radial también se planteó la necesidad de encontrar alternativas que permitan dar respuesta a la demanda habitacional de Brandsen sin dejar de cumplir con las exigencias legales. Arrechea señaló que existen herramientas para desarrollar políticas de acceso a la tierra, pero insistió en que deben aplicarse sobre inmuebles adecuados y con una situación jurídica clara.
UNA ORDENANZA DE 2022 Y NUEVOS INTERROGANTES
Sobre el final de la conversación, la concejal aportó otro antecedente que consideró relevante: señaló que existe una ordenanza de 2022 mediante la cual dos de los emprendimientos involucrados habrían reconocido que la tierra cedida no era la correcta y se habrían comprometido a ofrecer una nueva. Según indicó, esos expedientes se encuentran en el Concejo Deliberante a la espera de una propuesta por parte de los desarrolladores.
El dato vuelve a poner el foco en las condiciones en las que se realizaron las cesiones y en la necesidad de determinar qué tierras pueden incorporarse legalmente al patrimonio municipal.
LA DEFINICIÓN SOBRE LOS 180 LOTES
La discusión ahora pasa por establecer si los 180 terrenos anunciados por el intendente Raitelli forman parte de los inmuebles recibidos durante la gestión de Arias y, en ese caso, cuál es su situación dominial y administrativa.
Arrechea aclaró que, sin conocer el proyecto oficial, no es posible afirmar que se trate de los mismos terrenos. Por eso, su bloque buscará acceder a la documentación antes de emitir una posición definitiva. El desafío será compatibilizar la necesidad de ofrecer soluciones habitacionales con las garantías legales que requiere la entrega de tierras y la posterior escrituración.
“Habrá que ver la manera de hacer un plan de lotes y de hacerse de tierras fiscales”, concluyó la concejal, al plantear la necesidad de avanzar con una política habitacional que contemple la normativa vigente, la disponibilidad de servicios y la seguridad jurídica de los futuros beneficiarios.
