Tras la manifestación en la Municipalidad, expusieron una serie de denuncias por amenazas, agresiones, piedrazos y otros episodios que se vienen registrando desde hace meses. También habló Marcelo Azcona y explicó su versión.
El lunes, en horas de la mañana, vecinos del barrio El Soñado se acercaron a la Fiscalía, la comisaría y finalmente al Palacio Municipal, cansados por una situación que, según denunciaron, se viene agravando y que incluye agresiones, amenazas y el incumplimiento de medidas cautelares.
Los vecinos llegaron al Municipio buscando ser recibidos por el intendente Fernando Raitelli, pero fueron atendidos por el secretario de Gobierno, Gustavo Ríos; el secretario de Seguridad, José González; y la jefa de Gabinete, Karina Grosso. Los damnificados hablaron de amenazas, agresiones, piedrazos contra viviendas, daños y conflictos recurrentes, y cuestionaron la respuesta que reciben de los organismos a los que recurren.
En ese contexto, uno de los vecinos resumió el malestar: “Ya es imposible vivir así. Era un lugar tranquilo hasta que vino esta gente. Todos los días hay un conflicto”. Según relató, también existe preocupación por la actuación de las fuerzas de seguridad. “Todos los días vienen los móviles de la Policía, pero se quedan ahí parados, parece defendiendo a esta gente”, afirmó.
El primer intercambio estuvo encabezado por Ríos, quien escuchó los planteos y explicó cuáles son, según señaló, los límites de intervención que tiene el Municipio frente a situaciones que requieren decisiones judiciales. “Hay una parte donde el municipio no tiene facultades para tomar determinadas medidas. El municipio, ni ninguno, puede echar una familia”, sostuvo Ríos, aunque remarcó que desde el Gobierno local se impulsaron distintas actuaciones a partir de las denuncias recibidas.
En ese sentido, mencionó que existen alrededor de 60 denuncias vinculadas con la problemática y que el Municipio ya realizó una inspección de Obras Públicas ante la continuidad de determinadas construcciones.
“Nosotros podemos hacer que no sigan construyendo. El grueso de la solución pasa por la Justicia; el finito sí, tenés razón, pasa por nosotros, pasa por la flagrancia, pasa por la inspección y la clausura de la obra””, explicó, señalando que ahora deben cumplirse los pasos administrativos correspondientes para avanzar con una eventual clausura.
Tras el encuentro, los vecinos sostuvieron ante el programa “Una Buena Mañana” (Estación Radio) que existe una diferencia entre las respuestas que reciben: “La fiscal me dice que ella le dio autorización a la comisaría y a la Policía para que, ante cualquier conflicto, ellos tengan autorización de entrar al domicilio y agarrar a esta gente pero no lo hacen”, manifestó uno de los presentes.
La situación, según los testimonios, generó un verdadero desconcierto entre los damnificados. “No sabemos a quién reclamar, porque el intendente no nos atiende. La fiscal nos dice una cosa y la Policía nos dice otra”, expresó otro vecino.
“MI NENE ESTÁ CON ATAQUES DE PÁNICO”
Uno de los testimonios expuso particularmente la preocupación por el impacto que los episodios tendrían en los menores de las familias afectadas. “Yo tengo dos nenes menores. Tengo un nene de 11 años que está bajo tratamiento psicológico porque está con ataques de pánico. No puede dormir. Mi señora hace tres meses que duerme con él”, relató uno de los presentes.
También señaló que tiene una hija de cuatro años que fue operada del corazón y que, según explicó, la situación de violencia genera temor en su familia. “No podemos ni salir a la calle. Te amenazan, pasás dos cuadras y te siguen amenazando con que te van a entrar a robar o que te van a golpear. Se calman dos días y empiezan de vuelta”, describieron.
Otro de los vecinos, Fabián, contó que, durante el fin de semana, cuando se encontraba fuera de su domicilio, apedrearon su casa. “Tengo la cámara y están grabados. Yo no soy quién para echar de la casa a nadie, pero si era un barrio tranquilo, y hoy pasa esto, creo que tiene que actuar”, explicó.
Los vecinos también señalaron que algunos de los conflictos vienen de tiempo atrás. Una de las personas presentes aseguró que la primera denuncia relacionada con la familia mencionada fue realizada en marzo de 2024, luego de un episodio que involucró a su hijo. “Ya hace dos años que venimos luchando. ¿Qué más esperan para actuar? La Justicia es la autoridad competente para tomar una medida, pero urgente. No podemos esperar más”, reclamó.
E insistieron en que las medidas cautelares existentes no estarían siendo respetadas y reclamaron respuestas concretas ante los episodios ocurridos durante los últimos días.
HABLÓ ARGÜELLO
Minutos más tarde arribó la Crio. Inspectora Gabriela Argüello, Jefa de la Policía Comunal de Brandsen, quien tomó la palabra y reconoció que conocía la existencia de algunas medidas cautelares pero pidió a los vecinos que acercaran la documentación para poder verificar cada caso.
La oficial se comprometió a tomar “las acciones administrativas correspondientes”, afirmó, luego de reconocer que un móvil policial habría presenciado una situación sin que se produjera la intervención que correspondía.
“No es culpa de ustedes y me estoy haciendo cargo. Soy policía de la Provincia de Buenos Aires y es nuestra responsabilidad”, expresó Arguello ante los vecinos.
MARCELO AZCONA: “AHORA NOSOTROS ESTAMOS SUFRIENDO AMENAZAS”
En medio del fuerte reclamo realizado por vecinos de El Soñado, Marcelo Azcona, cuya familia fue señalada por los damnificados como responsable de distintos episodios de violencia y conflictos en el barrio, dio su versión de los hechos ante Estación Radio.
Azcona reconoció que uno su hijo, de 21 años, atravesó inconvenientes personales e intenta que su hijo pueda continuar con su tratamiento fuera del domicilio familiar. “Tiene problemas y está siendo tratado. Yo estoy buscándole la manera, la forma para que mi hijo salga adelante porque es una criatura”, explicó.
El vecino también rechazó las acusaciones que, según manifestó, se realizaron contra su familia y aseguró que en los últimos meses su vivienda fue allanada en dos oportunidades. Según Azcona, los allanamientos se produjeron a partir de denuncias que mencionaban presuntas armas de fuego y drogas. “En mi casa no encontraron nada”, aseguró.
El vecino reconoció que existieron conflictos protagonizados por uno de sus hijos y sostuvo que nunca intentó ocultar esa situación. “Lo reconozco, que siempre fui, puse la cara, siempre estoy abierto al diálogo”, afirmó.
Sin embargo, aseguró que el conflicto posteriormente habría escalado y que actualmente su propia familia es víctima de hechos violentos. “Ahora nosotros estamos sufriendo amenazas, casi nos prenden fuego la casa, me rompieron toda la camioneta, me rompieron todo el portón nuevo de afuera de mi casa”, denunció.
Azcona sostuvo además que realizó las correspondientes denuncias y aportó registros de lo ocurrido, aunque cuestionó la respuesta policial. “Hice las denuncias correspondientes legales, aporté video, todo. No tuve noticias de nada de lo que es la comisaría. No se acercó nadie a ver los peritos, a ver todo lo que rompieron”, manifestó.
En relación con los cuestionamientos de los vecinos, quienes señalaron a su hijo como uno de los principales protagonistas de los conflictos y acusaron a la familia de encubrir o justificar sus conductas, Azcona reconoció que “muchos problemas vienen por ese lado, pero él no estaba consciente de las cosas que hacía. Por eso nosotros intervenimos”.
