El Ministerio de Seguridad Nacional puso en marcha un programa destinado a reforzar el control sobre el uso ilegal de teléfonos celulares en las cárceles.
La medida buscará impedir que personas y organizaciones delictivas continúen utilizando estos dispositivos para mantener comunicaciones y organizar actividades ilícitas desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
El sistema podrá aplicarse tanto en las cárceles bajo jurisdicción federal como en aquellas administradas por las provincias. En este último caso, la participación será voluntaria: cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberán firmar un convenio con el Ministerio de Seguridad Nacional para sumarse a la iniciativa.
La decisión se basa en la experiencia desarrollada previamente en el sistema penitenciario federal. A través de una resolución dictada durante 2026, se autorizó la instalación de equipos capaces de detectar e identificar dispositivos de telefonía móvil presentes en las unidades carcelarias.
Ese procedimiento permitió avanzar sobre el bloqueo de teléfonos y líneas detectados en establecimientos penitenciarios federales, con el objetivo de evitar que internos vinculados a organizaciones criminales puedan utilizar la telefonía móvil para continuar desarrollando actividades delictivas desde prisión.
Para ello, se utilizan los códigos IMEI e IMSI. El primero permite identificar de manera individual a cada aparato de telefonía móvil, mientras que el segundo está vinculado con el abonado dentro de la red de comunicaciones. Al bloquear ambos identificadores, junto con la línea asociada, se impide el funcionamiento del servicio de telefonía móvil en los casos alcanzados por el procedimiento.
El programa también contempla la participación de las empresas prestadoras de servicios móviles. De acuerdo con una normativa del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), las compañías deberán proceder al bloqueo cuando reciban el requerimiento correspondiente del Ministerio de Seguridad Nacional.
Para las jurisdicciones provinciales que decidan incorporarse, se establecerá un sistema centralizado de intercambio de información. El Ministerio de Seguridad funcionará como intermediario entre los servicios penitenciarios y las compañías telefónicas, canalizando los datos de los dispositivos detectados para que se realicen los bloqueos.
Con esta iniciativa, el Gobierno busca extender a las cárceles provinciales el mecanismo ya implementado en el ámbito federal y limitar el uso clandestino de celulares como medio para coordinar hechos delictivos desde el interior de los establecimientos penitenciarios.
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