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En una entrevista realizada en vivo para el programa Grassi.com, la profesora de formación docente, integrante de SUTEBA, inspectora de psicología comunitaria y psicología social, se expresó sobre el proyecto de ley aprobado recientemente en Mendoza por unanimidad por parte del Senado.
LOS PROBLEMAS DEL AULA COMO REFLEJO DE LO SOCIAL
La iniciativa planteó la corresponsabilidad familiar en la prevención del acoso escolar y propone la sanción a los padres de aquellos estudiantes que hagan bullying. El texto prevé que, ante la falta de colaboración de los padres o tutores en los procesos de intervención, la justicia podrá aplicar multas o trabajos comunitarios, además de exigir talleres o terapia familiar.
Para Ramal, sin embargo, el problema excede el ámbito escolar y no puede resolverse desde una perspectiva punitiva: “El escenario escolar expresa la conflictividad social. Muchas veces los conflictos que se inician en el barrio, en los clubes o en las redes sociales terminan manifestándose en la escuela”. En ese sentido planteó que es necesario “un abordaje integral y comunitario” que involucre tanto a las instituciones educativas como a las familias y al Estado.
REDES SOCIALES Y EL TÉRMINO «BULLYING»
La entrevistada insistió en que la violencia no se genera en la escuela, sino que irrumpe desde otros espacios sociales, especialmente desde el mundo digital. “Hoy los chicos y las chicas construyen vínculos y miradas de sí mismos y de los otros a través de las redes sociales, donde muchas veces se premian los contenidos más violentos. Los algoritmos refuerzan esas conductas”, advirtió. También sostuvo que la escuela es el mejor espacio para prevenir y problematizar estas situaciones, siempre que cuente con recursos y acompañamiento estatal.
La docente también señaló su preferencia por utilizar el término “hostigamiento” o “acoso” en lugar de “bullying”. Según explicó, “las formas de nombrar también nos hablan de cómo y para qué se interviene. El término bullying proviene del inglés y tiene un sentido criminológico, que lleva a etiquetar a los estudiantes como víctimas o victimarios, y eso es peligroso”.
LAS MULTAS COMO SOLUCIÓN
En relación con la propuesta, la inspectora fue clara: “Esta ley aparenta dar una solución, pero en realidad no resuelve un problema muy complejo. Culpabiliza en lugar de cuidar, y no genera políticas de prevención”. A su entender, el camino debería ser el fortalecimiento de políticas públicas de cuidado, formación docente y trabajo intersectorial.
“Necesitamos políticas sostenidas, inversión, becas y formación permanente para abordar estas nuevas problemáticas. Hoy muchas de esas políticas fueron desmanteladas”, remarcó. Además, subrayó la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI) como herramienta para “promover el respeto por la diversidad, la valoración de la afectividad y el ejercicio de los derechos”.
Concluyó que la escuela no puede ni debe actuar sola. Para enfrentar las distintas formas de violencia y hostigamiento, consideró clave la articulación entre familias, comunidad y Estado: “No alcanza con una sanción. Se necesita un conjunto de políticas públicas que pongan el cuidado en el centro”.
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