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En una decisión sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó este martes la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El fallo se dio en el marco de la causa conocida como “Vialidad”, en la que se investigó la adjudicación irregular de 51 obras públicas en Santa Cruz durante su mandato.
El máximo tribunal del país, integrado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por unanimidad el recurso de queja presentado por la defensa de la exmandataria. Al mismo tiempo, desestimó el pedido del fiscal Mario Villar para agravar la condena incluyendo el delito de asociación ilícita, cuya absolución también quedó firme.
“Las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se asentaron en la profusa prueba producida y en el Código Penal sancionado por el Congreso, sin que se haya vulnerado alguna garantía constitucional”, afirmaron los jueces en el fallo. Agregaron que la decisión “tutela nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo”.
Cristina Kirchner se convierte así en la primera expresidenta argentina con una condena firme por hechos de corrupción. La sentencia la deja fuera de la carrera electoral: no podrá postularse como candidata a legisladora bonaerense, como pretendía, en los comicios del 7 de septiembre. A sus 72 años, tiene la posibilidad legal de solicitar arresto domiciliario para cumplir la pena.
La resolución fue comunicada esta mañana, tras una reunión extraordinaria de los jueces de la Corte, un hecho inusual que anticipó la inminente definición del caso. Cristina Kirchner siguió la jornada en la sede del Partido Justicialista (PJ), acompañada por dirigentes y militantes, y ya había anticipado el desenlace durante un acto en Corrientes: “Hay que estar atentos a que me metan presa”, había dicho con tono desafiante.
La causa se originó en una denuncia presentada por Elisa Carrió en 2008. Según la acusación, el empresario Lázaro Báez fue beneficiado durante años con contratos de obra pública en Santa Cruz, en muchos casos con sobreprecios, obras inconclusas o directamente no ejecutadas. Una pieza clave en la maniobra fue el decreto 54/2009, que modificó un fideicomiso y facilitó el flujo discrecional de fondos a la Dirección Nacional de Vialidad, generando —según los jueces— un “contexto de opacidad” para favorecer las adjudicaciones.
El Tribunal Oral Federal N° 2, que en diciembre de 2022 dictó la condena inicial, también impuso penas de seis años de prisión a Báez, al exsecretario de Obras Públicas José López, y al extitular de Vialidad, Nelson Periotti. En cambio, Julio De Vido fue absuelto, al igual que otros exfuncionarios. Carlos Kirchner, primo del expresidente Néstor Kirchner, fue sobreseído por prescripción.
A pesar de la condena, Cristina Kirchner conserva su liderazgo dentro del PJ y es, todavía, la principal figura opositora al gobierno de Javier Milei. Tras el fallo, se espera una nueva etapa de tensiones políticas, tanto dentro de su espacio como en el escenario nacional. La vicepresidenta —mandato que finalizó en 2023— planea convocar a una movilización “en defensa de la democracia y contra la proscripción”, en lo que ya se perfila como una reacción con alto voltaje político.
Fuente La Nación
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