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Así lo explicó el Dr. Jorge Moroni, abogado defensor de los productores locales que le iniciaron juicio a la Comuna por el mantenimiento de los caminos rurales.
El abogado Jorge Eduardo Moroni habló en Grassi.com (Estación Radio) sobre la acción judicial impulsada por productores rurales de Brandsen para conocer el destino de los fondos provenientes de las tasas municipales vinculadas al sector y determinar si esos recursos se traducen efectivamente en obras y mantenimiento de los caminos.
Según explicó el letrado, el reclamo no busca dejar de pagar las tasas, sino que la Justicia determine si existe correspondencia entre lo que abonan los productores y el servicio que reciben. “Vamos a la Justicia para que el juez, después de analizar todas las pruebas, determine si lo que se paga por tasa vial es constitucional o está mal calculado”, señaló.
Moroni indicó que inicialmente se conformó un grupo de alrededor de 90 productores dispuestos a recurrir a la Justicia, aunque al momento de iniciar la causa fueron aproximadamente 60 los que quedaron incorporados al expediente. El juicio fue radicado ante el Juzgado Contencioso Administrativo N.º 4 de La Plata y se encuentra actualmente en una etapa de incorporación de documentación.
El objetivo central será determinar si lo recaudado se destinó al mantenimiento de los caminos rurales. “Le estamos pidiendo dos años para atrás, para saber si los fondos que han aportado los productores rurales han ido efectivamente a la caja para arreglar caminos o han ido a Rentas Generales y ya han usado otra cosa”, explicó el abogado.
DOS PERICIAS PARA DETERMINAR EL DESTINO DE LOS FONDOS
Uno de los puntos centrales de la demanda será la realización de pericias oficiales. Moroni explicó que se solicitaron dos: una contable y otra vinculada específicamente al estado y mantenimiento de los caminos.
“La contable será sobre los números de la Municipalidad, bien estudiados y bien desde adentro, con acceso al RAFAM, todo; y respecto de la pericia de caminos, lo que surja de lo que recorre el perito en el momento que vaya”, detalló.
La intención de los productores es que las evaluaciones sean realizadas por profesionales sorteados por el propio Poder Judicial, sin peritos de parte. “Nosotros no hemos propuesto peritos de parte ni pagos ni nada. Queremos que todo sea muy transparente y con gente del Poder Judicial”, remarcó.
A partir de esas pruebas, la Justicia deberá determinar, entre otras cuestiones, si las tasas están correctamente liquidadas, si el Municipio presta efectivamente el servicio por el cual cobra y si los recursos afectados a ese fin fueron efectivamente ejecutados.
“Una vez que tenga todos los elementos, el juez va a poder saber cómo están los números de la Municipalidad, a dónde va la plata de los productores y si esa plata de los productores que está destinada exclusivamente a tasa efectivamente se ve reflejada en el estado de los caminos del partido de Brandsen”, sostuvo Moroni.
TAMBIÉN CUESTIONAN LA TASA POR GUÍAS DE TRASLADO DE HACIENDA
La presentación judicial también pone bajo análisis la tasa vinculada al servicio de guías de traslado de hacienda. Según explicó el abogado, los productores plantean que actualmente el Municipio no prestaría un servicio concreto que justifique el cobro.
“La Municipalidad lo único que hace es poner un sello y no presta ningún servicio por eso, porque lo hace todo SENASA, control de traslado y todo”, afirmó Moroni, quien agregó que la jurisprudencia de la Corte establece que “sin servicio no hay tasa”. En ese sentido, otro de los pedidos consiste en determinar si corresponde reducir o directamente eliminar dicha tasa.
“EL PESO INSTITUCIONAL Y JURÍDICO DE LA DEMANDA ES CONTUNDENTE”
Consultado sobre la importancia de la presentación judicial, Moroni consideró que la cantidad de productores involucrados le otorga un peso significativo al reclamo.
“Estamos hablando de gran parte de los productores de Brandsen; chicos, medianos y grandes, hay de todo. Se han juntado con la misma problemática. Por lo tanto, el peso político, el peso institucional y el peso jurídico de la demanda es, a mi criterio, contundente”, afirmó.
No obstante, aclaró que la resolución dependerá fundamentalmente de las pruebas que se produzcan durante el proceso. “El juez no va a fallar de acuerdo a lo que diga yo, lo que digan los productores o lo que diga el intendente a través de su apoderado. Va a fallar de acuerdo a lo que digan los peritos”, sostuvo.
HAY UNA VENTANA PARA SUMAR NUEVOS PRODUCTORES
Moroni también confirmó que existe la posibilidad de que otros productores se incorporen al expediente. Explicó que el proceso contencioso administrativo permite ampliar tanto los argumentos como la cantidad de actores durante una primera etapa.
“Nosotros tenemos una ventana de aproximadamente 30 días para incorporar a todos los que estuvieran en el listado inicial que, por una razón u otra, no lo han podido hacer aún”, explicó.
Además, aclaró que también podrán sumarse productores que no hayan formado parte del listado original, siempre que decidan adherir a la acción y presenten la documentación correspondiente.
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