La norma aplica a toda la administración pública de la provincia de Buenos Aires y los municipios que adhieran a ella. Fue publicada en el Boletín Oficial.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires promulgó la Ley 15.430 que, desde este momento, le impide a la administración pública bonaerense pedir documentación que ya tiene de los ciudadanos que realicen trámites.

«La presente Ley tiene por objeto garantizar el efectivo cumplimiento del derecho de toda persona humana y jurídica a realizar trámites administrativos ante el Estado provincial de manera personal o virtual, sin que le sea requerida documentación cuyos datos obren en archivos estatales, organismos descentralizados y autárquicos o en otros bancos de datos que posea el Estado o pueda acceder de manera electrónica o virtual», detalla el Artículo 1 de la norma, publicada este viernes en el Boletín Oficial de la provincia.

«La presente Ley es aplicable a toda la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires, sus organismos centralizados, descentralizados y autárquicos y las sociedades con mayoría accionaria del Estado bonaerense, así como también a los municipios que adhieran a esta norma», se especifica además.

En cuanto a la finalidad de la iniciativa, el propio texto explica que se busca «reducir la carga administrativa de los ciudadanos y hacer que las interacciones con las reparticiones públicas resulten más rápidas, eficientes, cómodas y transparentes, y menos costosas», además de «desarrollar por parte del Estado servicios públicos digitales e interoperables, inclusivos y accesibles, abiertos y transparentes, fiables y seguros, y que requieran que los usuarios no proporcionen información generada por la propia administración pública o que ya haya sido presentada con anterioridad».

Lo que se intentará también es «reorganizar por parte de los distintos organismos públicos los procedimientos internos del sector, en lugar de hacer que la ciudadanía se adapte a los procedimientos actuales»; «eliminar los trámites innecesarios que se producen cuando los usuarios deben suministrar la misma información más de una vez a distintos organismos del sector público y los costos que representa, económicos y de tiempo»; y «eliminar los obstáculos digitales para posibilitar y permitir que los datos se compartan y reutilicen entre las administraciones públicas respetando la normativa de protección de datos personales».

En este contexto, se adelantó a su vez que los Municipios podrán adherir a la iniciativa y hasta se prevé sanciones para quienes la incumplan. «Serán pasibles de las sanciones establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Buenos Aires (Decreto-Ley 7647/70)», explica el texto de la norma, lo que implica que los responsables y trabajadores apuntados podrían llegar a ser recusados y hasta expulsados de la administración pública.

Fuente: 0221

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